Ante el próximo regreso a clases, el diputado local Felipe González Miranda reiteró el llamado a las autoridades federales para supervisar a las escuelas particulares y evitar que obliguen a los padres de familia a adquirir útiles escolares, uniformes y libros exclusivamente con determinados proveedores.
El legislador informó que presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Comisión Nacional Antimonopolio, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) a revisar estas prácticas, al considerar que representan un abuso para la economía de las familias.
Señaló que cada ciclo escolar los padres de familia realizan un importante esfuerzo económico para cubrir gastos como uniformes, calzado, útiles y materiales escolares, por lo que consideró injustificado que algunos colegios particulares limiten la posibilidad de comparar precios y adquirir estos productos con otros proveedores.
González Miranda explicó que la legislación federal ya prohíbe obligar a los padres de familia a comprar uniformes, libros o útiles en un establecimiento específico, por lo que insistió en que el problema no radica en la falta de leyes, sino en la necesidad de que se apliquen y supervisen.
Indicó que desde el año pasado presentó una iniciativa para homologar esa disposición en la legislación de Coahuila, propuesta que permanece en análisis y que formará parte de una reforma integral a la Ley de Educación del Estado.
El diputado señaló que los padres de familia que consideren vulnerados sus derechos pueden presentar denuncias ante la Profeco, la Secretaría de Educación Pública o la Comisión Nacional Antimonopolio, instancias facultadas para revisar este tipo de prácticas.
Asimismo, afirmó que un análisis realizado por su equipo detectó que, en algunos casos, los paquetes escolares ofrecidos por proveedores obligatorios alcanzaban precios hasta el doble de lo que costarían si los padres pudieran adquirir los artículos libremente en el mercado.
Finalmente, hizo un llamado a las autoridades para garantizar el cumplimiento de la legislación vigente y evitar que el regreso a clases represente una carga económica mayor para las familias.